Cuando pensabamos que el 2008 se había ido y había dejado atrás el tan escandaloso tema de los 'petroaudios', recibimos la información -extrañamente por parte del congresista aprista Edgar Núñez que se le dió por defender a militares violadores de derechos humanos- que estaban ocurriendo irregularidades en la entrega de 'ranchos' a efectivos policiales y que altos mandos de de esta institución estarían involucrados.
El día que esta denuncia salió a la luz, muchos integrantes de la clase política se mostraron a favor de que se realice una investigación profunda en esta 'repartición', incluso el presidente de la República mencionó, con su acostumbrado énfasis populista, que se debería sancionar a quienes se encuentren responsables de estos hechos. Sin embargo, ayer cambió de opinión y decidió suponer que había una conspiración en contra de la Policía Nacional del Perú, dejando entrever que había un deseo 'oculto' de dejar mal parada a la institución policial. Ante esto, el representante del Parlamento que hizo la denuncia- Núñez- se mostró aparentemente sorprendido y aseguró que continuará con esta investigación que más que congresal se ha vuelto periodística. Por estos acontecimientos, cabe preguntar:
¿Será que el presidente decidió no tener como enemigos a los policías, hagan lo que hagan?
¿Acaso recibió algún tipo de amenaza o presión para no apoyar una investigación en contra de los altos mando policiales?
Es raro. No obstante, lo que sí es claro es que no hay una verdadera política anticorrupción, mucho menos por parte del mandatario, ya que al parecer si decidió sacudirse de Romulo León Alegría, cuando se descubrió la presunta irregularidad en la concesión de lotes petroleros en favor de una empresa noruega, esta vez al inaugurar una comisaría en Lurín, decidió que tenía que llevarse bien con ellos para no perder popularidad ni apoyo por parte de las fuerzas del orden.
Catia Gutiérrez Guerrero.
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